El Gobierno de Cantabria incrementará en cerca de 8,7 millones de euros la financiación destinada al pago de plazas concertadas en residencias, centros de día y pisos tutelados para personas en situación de dependencia y con discapacidad.

La medida, anunciada este martes por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, entrará en vigor el próximo jueves 1 de octubre y elevará hasta los 123 millones de euros el presupuesto destinado en 2026 a las estancias concertadas.

La actualización supondrá un incremento de entre el 5% y el 6% en el precio por plaza y día, al que se añade una subida de más de 1,3 millones de euros para sufragar los costes de transporte.

El Ejecutivo autonómico también aumentará la compensación destinada a los gastos generales de los centros, como electricidad, agua o gas, que alcanzará el 8,6%. Hasta ahora, las sucesivas revisiones habían estado especialmente vinculadas a la evolución de los costes de personal derivados de los convenios colectivos.

Según los datos facilitados por el Gobierno regional, desde 2023 la financiación de estas plazas acumula una subida media cercana al 15%, mientras que el presupuesto destinado a estancias concertadas ha aumentado en 24,5 millones de euros durante este periodo.

Buruaga trasladó el anuncio a representantes de empresas y entidades del sector durante una reunión en la que defendió la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los centros y mejorar la estabilidad de los profesionales que trabajan en la atención a personas dependientes y con discapacidad.

La presidenta señaló que el objetivo de la medida es disponer de “más recursos para atender a las personas y más estabilidad para los trabajadores”, y aseguró que el Ejecutivo continuará trabajando con las entidades del sector para reforzar la calidad del sistema de cuidados en Cantabria.

El Gobierno regional recuerda que las actualizaciones económicas comenzaron en 2023 y han continuado durante los ejercicios posteriores. En 2024, además de actualizarse los costes generales, se equipararon los precios de las plazas residenciales destinadas a personas con discapacidad intelectual con los correspondientes a personas con discapacidad física.